Las Alteraciones de la Ley de Nacionalidad tendrán fiscalización preventiva de Constitucionalidad
El Presidente de la República ha pedido la fiscalización preventiva al Tribunal Constitucional, del decreto-ley que contine los cambios de la Ley de la Nacionalidad al entender que esta alteración, “con efectos aplicables a procesos en curso, puede agravar la situación de los rehenes israelitas en Gaza” que esperan obtener la nacionalidad portuguesa.
El nuevo régimen aprobado por la Asamblea de la República el 5 de Enero, introduce criterios adicionales para la concesión de nacionalidad, lo que en la opinión del Presidente “parece violar el principio de protección de confianza, incluido en el principio de Estado de Derecho” y que también “viola la prohibición de retroactividad de la norma restrictiva de derechos, libertades y garantías”, de acuerdo con el escrito enviado a 22 de Enero al Tribunal Constitucional y publicado el día 26 de Enero, en el site de la Presidencia de la República (1).
El Presidente entiende y en Nistal e Associados concordamos, que el artículo 6 de la alteración legal, en realidad crea un régimen especial aplicable a los pedidos pendientes de concesión de nacionalidad de descendientes de judíos sefarditas portugueses, con la introducción de criterios adicionales para tal concesión que “puede, en sí mismo, atentar contra el principio de la dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la Constitución” siendo que al mismo tiempo “viola el principio de protección de la confianza incluido en el principio de Estado de Derecho, tal y como se consagra en el artículo 2 de la Constitución, y que por sus efectos retroactivos, viola la prohibición de retroactividad de la norma restrictiva de derechos, libertades y garantías, contemplada en el artículo 18.3 de la Constitución”.
Caso el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor de la inconstitucionalidad de la norma, el Presidente vetará la misma, devolviéndola a la Asamblea de la Republica para su alteración y consecuente nueva apreciación, lo que únicamente podrá ocurrir tras las nuevas elecciones legislativas de marzo, con la formación de la nueva Asamblea de la Republica.
